Son 184 feminicidios que se han perpetrado en México en el primer trimestre del año. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de marzo, el puntero nacional es el Estado de México con 23 casos, seguido por la Ciudad de México con 18. Nuevo León se ubica en tercer sitio con 16 feminicidios y en cuarto lugar nacional está Morelos con 12. El estado de Veracruz, con 11 feminicidios, se mantiene en el quinto sitio.
Pese a lo escandaloso de estos números, la población continúa indiferente. No hay una exigencia enérgica para revertir la situación. Pareciera que es responsabilidad de colectivas y agrupaciones feministas resolver la grave crisis de violencias contra mujeres, cuando bien sabemos que es el Estado mexicano el que debe dar respuestas estratégicas.
Corren con “mala suerte” las víctimas de feminicidio. Es año electoral y este delito apenas se menciona en los compromisos y propuestas de campaña de cualquiera de las coaliciones que pretenden ganar el próximo 2 de junio. Cuando se llega a hablar de ello los discursos visitan lugares comunes que parecen ocurrencias para salir al paso.
Visitamos las plataformas con las propuestas de gobierno y, sin excepción, no se analiza críticamente a la legislación y andamiaje institucional vigente. Debido a esta ausencia encontramos, en el mejor de los casos, una mención tibia con propuestas que no llevan hacia ningún lado.
Y qué decir de las desapariciones de mujeres en México. Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas establecen que son seis mil 432 personas las que han desaparecido en el primer trimestre de 2024. Más del 40 por ciento de éstas son mujeres.
A pesar de que el Estado de México tiene una Alerta de Violencia de Género por este tema, la misma fuente establece que la entidad es puntera en desapariciones de mujeres con un total de 681. Le sigue Nuevo León con 279 y Puebla con 261.
Si bien los datos oficiales se traducen en una emergencia humanitaria que afecta a la población en general, no hay un diagnóstico oficial, ya sea por parte de la Federación o de los gobiernos estatales, que permita establecer la relación del fenómeno con diversas variables que detonan la desaparición: tráfico de mujeres con fines diversos, violencias en el ámbito familiar, trabajo sexual forzado, delincuencia organizada, entre otras temáticas posibles.
Existen investigaciones realizadas por colegas de todo el país que permiten tener elementos de manera sustentada y científica sobre los detonantes de la desaparición. Sin embargo, pocas veces han sido retomados o revisados.
Este es un año de propuestas de campaña. Como nunca estábamos a la espera de soluciones puntuales y conocedoras de los temas que vulneran a las mujeres del país. Como siempre, las propuestas y compromisos de campaña nos han quedado a deber. Tal vez éstas sean las elecciones más graves de la historia.
*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
