Siete organizaciones, albergues y redes de organizaciones de la sociedad civil denuncian que a un año del trágico incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 hombres y 27 resultaron con lesiones físicas y daños neurológicos de por vida, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación del daño. Hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, el ex coordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo, y el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, fresco como lechuga sigue al frente de la institución. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria.
El hecho no fue un caso aislado, de acuerdo con 69 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigidas al Instituto Nacional de Migración por eventos al interior de las estaciones migratorias, desde 2018 ha habido 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas de detención, siendo la administración de Andrés Manuel López Obrador la que registra el mayor número de muertes de personas migrantes en custodia del INM, con 55 decesos, frente a 16 en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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El que anda experimentando políticas públicas -después de los desastrosos casos de Guerrero y Chiapas-, es Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, quien acaba de echar a andar una estrategia a la que llama “Hablamos no bloqueamos”. Menciona que ya llevó a cabo 169 mesas de trabajo entre el gobierno del estado, municipios, sindicatos, organizaciones sociales, ciudadanía en general y asociaciones religiosas de diversas regiones.
Y dice haber logrado desactivar así varios cohetones políticos, entre ellos tres acuerdos definitivos para la resolución de conflictos agrarios en los municipios de Magdalena Tequisistlán, Santo Domingo Tonalá y Santiago Pinotepa Nacional. De paso anunció que se equipará a la Policía Vial Estatal con una inversión de 20 millones de pesos para adquirir patrullas y motopatrullas en las ocho regiones del estado, nomás por si las dudas.
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El “momento fosfo-fosfo” fue muy efímero, más de lo que se pensaba. Hoy, Movimiento Ciudadano (MC) está pagando las consecuencias de los pleitos internos, la disputa por el poder al interior de ese partido, la guerra de vanidades, la desorganización y, principalmente, la improvisación a la hora de nombrar a su candidato presidencial.
El partido de Dante Delgado parece hoy nadar de a muertito para, en el mejor de los escenarios, conservar el registro y meter al Congreso de la Unión bancadas testimoniales, cuando hace apenas unos meses se perfilaba que MC sería el fiel de la balanza en el próximo sexenio.
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La ruptura entre el propietario de dicha franquicia electoral y Enrique Alfaro; el desaseo en la postulación de Samuel García como precandidato presidencial; la eterna espera para que Marcelo Ebrard tomara una decisión y, finalmente, la improvisada postulación de Jorge Álvarez Máynez como su candidato, tienen hoy postrado a un partido que gobierna los estados que tienen a dos de las ciudades más pobladas del país, Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.
Todo ello se suma a una estrategia de campaña de Álvarez Máynez que, por más increíble que parezca, opte por actividades privadas a unos días del primer debate presidencial y a casi un mes de iniciadas las campañas, pero además, que realice la mayoría de sus actividades proselitistas en la Ciudad de México.
Los números no están jugando a favor de los emecistas y el paso del tiempo le sigue restando puntos. ¿Golpe de timón o declinación? Ahí queda la pregunta.
