En agosto de 2019, en Alemania, Heiner von Lüpke y Mareike Well publicaron su análisis sobre el sistema energético mexicano. Este estudio se divide en diversas etapas cronológicas.
Entre los años 2006 y 2012, gran parte de los actores de la política energética mexicana defendieron al petróleo como la base de la economía, a pesar de que esto afectaría el bienestar y la protección del clima. En 2014, surgieron por primera vez en el cuerpo legislativo discusiones de carácter integrado que involucraban el clima y la energía para la formulación de la ley de transición energética.
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Para el año 2015, la matriz energética del país se reportaba con un 68% referente a gas natural, un 18% al petróleo y un 14% a otras fuentes (sin especificar cuáles), con un dato de emisiones de 127 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes.
En 2017, la matriz energética reporta aportaciones de la geotermia, eólica, hidráulica o nuclear, todas menores al 10%. Desde 2015, la formulación de políticas públicas llega a un entendimiento de la estrecha relación entre energía, cambio climático y políticas públicas, lo que resulta en la promulgación de la ley de transición energética. Esta establece la meta de alcanzar el 35% de energía limpia en la matriz energética nacional.
En 2021, se presenta la iniciativa de reforma de la industria eléctrica, introduciendo el concepto de seguridad energética y otorgándole un alto grado de prioridad nacional.
Se proponen cambios en el orden del suministro de energía al sistema eléctrico nacional, otorgando el primer lugar a las hidroeléctricas, seguido de la energía generada por plantas de ciclo combinado o nuclear, propiedad de la nación, luego la producción por energía solar o eólica, y finalmente las de ciclo combinado de empresas privadas.
En el mismo año 2021, la matriz energética del país se distribuye de la siguiente forma: plantas de ciclo combinado con un 56%, el sector hidroeléctrico creció a un 16%, la energía fotovoltaica en un 5%, la geotermia en un 1%, la nuclear con el 1%, y otras en menor proporción.
Para concluir, no queda claro cómo la evolución de las políticas públicas del país puede permitir la consecución de objetivos integrados, es decir, cómo contabilizar el objetivo de mitigar el cambio climático.
Se debe articular favorablemente el sector del clima y la energía, unificando y encuadrando indicadores enfocados en aspectos como la educación con pertinencia a los objetivos de desarrollo sostenible, la innovación y desarrollo tecnológico para aumentar el capital humano en energía, cambio climático y agua limpia.
*Centro de Investigación en Recursos Energéticos y Sustentables, Universidad Veracruzana.
Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa
