Xalapa, Ver.-El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez envió al Congreso Local una iniciativa de Decreto para solicitar uno o varios financiamientos hasta por un monto de dos mil millones de pesos hasta por un plazo máximo de 20 años. Como fuente de pago se estableció un porcentaje de las participaciones federales que, en ingresos, tenga derecho a recibir.
En el documento, que fue turnado a la Comisión de Hacienda, se señala que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pueda gestionar y contratar “con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado”, el financiamiento “para destinarlo a inversión pública productiva”.
El mandatario estatal argumentó que, los estragos de la pandemia por COVID-19 inciden directamente en el sistema de salud y, de forma indirecta, en la actividad económica de la que dependen muchas familias en el Estado. Ante esto, justificó que “con el propósito de recuperar paulatinamente la economía local y lograr la normalidad social”, es imperante acceder a fuentes de financiamiento, del modo como se propone en la iniciativa.
Así mismo, precisó que el monto del crédito es igual al monto de amortización de la deuda pública en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024, “por lo que no aumentará el saldo de la deuda bancaria de largo plazo”, es decir, el saldo, al término de la presente administración, será igual o menor al que se encontró al 30 de noviembre de 2018.
“De este modo, se cumplecon el doble propósito de la presente administración de: no aumentar el saldo de la deuda pública respecto del existente al inicio de este Gobierno y de destinarla de forma
transparente y exclusiva a proyectos de inversión pública productiva que detonen el crecimiento de la economía estatal y regional; al tiempo de evitar las prácticas opacas, carentes de rendición de cuentas, y las de ostensible corrupción pública realizadas por las administraciones anteriores”, señaló en el documento turnado a los diputados locales.
Según el texto, el origen y destino de los recursos a obtener, permitirá garantizar obras y acciones de inversión pública productiva, es decir, erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos, destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes y los gastos para la rehabilitación de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos, y así lograr estabilidad y mejora en la economía estatal.
“Se trata, de generar una política de inversión y desarrollo económico, para fomentar empleos directos e indirectos, y contribuir a mitigar de manera sustantiva los efectos de la desaceleración económica que, en los ámbitos nacional e internacional, han provocado las medidas para prevenir y contener el contagio y propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.
