/ miércoles 14 de abril de 2021

Otorgan ultimátum a Presidenta del Poder Judicial

Para que reinstale al magistrado Roberto Dorantes Romero

Xalapa, Ver.-Un juez federal puso un ultimátum a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TESJ), Isabel Inés Romero Cruz, para que reinstale en su cargo al magistrado Roberto Dorantes Romero.

En la resolución de ayer martes 13 de abril, se estableció, nuevamente, que se cuenta con un término de tres días, que vencen el viernes 16 de abril, para que el magistrado sea incorporado a su cargo y se le paguen los salarios caídos, así como prestaciones que dejó de percibir al ser destituido por el Congreso local en julio del año pasado.

Lo anterior, luego de que el pasado 24 de marzo el mismo Juez federal emitió un plazo de tres días, que venció el 29 de marzo, para que la Presidenta del Poder Judicial reinstalara a Dorantes Romero en la magistratura, hecho que no sucedió.

En dicha resolución se estableció que en caso de incumplir con la sentencia se le aplicaría una sanción de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 8 mil 962 pesos.

Ante el incumplimiento de mencionada determinación, el Juez federal confirmó el amparo solicitado por el magistrado y en el que se establece que: “Se deje insubsistente el acto de remoción del quejoso de su cargo como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz vigente a partir del 27 de diciembre de 2017”.

Asimismo, se determina que en caso de haber sido removido materialmente se provea lo conducente para que se reinstale al quejoso en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado, con el pago de las percepciones inherentes que dejaron de cubrirse desde que fue separado.

La determinación del juzgador indica que se deberá cumplir su nombramiento hasta el 2025 y establece que todo acto realizado por la magistrada María Lilia Viveros Ramírez, quien lo suplió en el espacio que ocupaba en la Octava Sala, tendrá validez.

El acuerdo, además, señala que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz debían abstenerse de nombrar a un nuevo magistrado, ya que Roberto Dorantes tenía un amparo que limitaba sustituirlo en el cargo.

Sin embargo, el Poder Judicial se negó a acatar el anterior amparo con el argumento de que ya había una persona que lo sustituye, por lo que se ordenó tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo actuar en el ámbito de su competencia.

El magistrado deberá ser reinstalado en el cargo que le fue conferido el 27 de noviembre de 2015 por un periodo de diez años.

Dorantes Romero fue destituido del cargo en julio del año pasado, al aplicársele el retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz por haber cumplido 70 años de edad.

Su nombramiento se dio en el Congreso local el 27 de noviembre de 2015, en sustitución de Onésimo Fernández Campos, por un plazo de 10 años, por lo que el magistrado consideró que su destitución por cumplir 70 años de edad era violatoria a sus derechos.

Tras haber sido destituido por el Congreso local, el pasado 7 de julio, el magistrado recurrió a la ley para hacer valer el amparo con el que cuenta y en el que se establece que no puede ser destituido por cuestión de edad.

Pese a ello, el 5 de agosto del 2020 el pleno del Poder Judicial realizó las adscripciones de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local para ocupar igual número de cargos que se consideraron vacantes, entre ellos, el del magistrado Roberto Dorantes Romero.

Ese día se adscribió a María Lilia Viveros Ramírez a la Octava Sala en el espacio que ocupaba Dorantes Romero, motivo por el que se deberán realizar reajustes o, bien, desde el pleno del Poder Judicial, dirigido por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, determinar cuál será el lugar que ocupe la nueva magistrada.

Se debe puntualizar que al haber obtenido por el Congreso local el nombramiento como magistrada María Lilia Viveros Ramírez cuenta con el amparo de la ley para evitar ser removida del cargo y al ser adscrita a una Sala se encuentra protegida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Xalapa, Ver.-Un juez federal puso un ultimátum a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TESJ), Isabel Inés Romero Cruz, para que reinstale en su cargo al magistrado Roberto Dorantes Romero.

En la resolución de ayer martes 13 de abril, se estableció, nuevamente, que se cuenta con un término de tres días, que vencen el viernes 16 de abril, para que el magistrado sea incorporado a su cargo y se le paguen los salarios caídos, así como prestaciones que dejó de percibir al ser destituido por el Congreso local en julio del año pasado.

Lo anterior, luego de que el pasado 24 de marzo el mismo Juez federal emitió un plazo de tres días, que venció el 29 de marzo, para que la Presidenta del Poder Judicial reinstalara a Dorantes Romero en la magistratura, hecho que no sucedió.

En dicha resolución se estableció que en caso de incumplir con la sentencia se le aplicaría una sanción de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 8 mil 962 pesos.

Ante el incumplimiento de mencionada determinación, el Juez federal confirmó el amparo solicitado por el magistrado y en el que se establece que: “Se deje insubsistente el acto de remoción del quejoso de su cargo como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz vigente a partir del 27 de diciembre de 2017”.

Asimismo, se determina que en caso de haber sido removido materialmente se provea lo conducente para que se reinstale al quejoso en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado, con el pago de las percepciones inherentes que dejaron de cubrirse desde que fue separado.

La determinación del juzgador indica que se deberá cumplir su nombramiento hasta el 2025 y establece que todo acto realizado por la magistrada María Lilia Viveros Ramírez, quien lo suplió en el espacio que ocupaba en la Octava Sala, tendrá validez.

El acuerdo, además, señala que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz debían abstenerse de nombrar a un nuevo magistrado, ya que Roberto Dorantes tenía un amparo que limitaba sustituirlo en el cargo.

Sin embargo, el Poder Judicial se negó a acatar el anterior amparo con el argumento de que ya había una persona que lo sustituye, por lo que se ordenó tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo actuar en el ámbito de su competencia.

El magistrado deberá ser reinstalado en el cargo que le fue conferido el 27 de noviembre de 2015 por un periodo de diez años.

Dorantes Romero fue destituido del cargo en julio del año pasado, al aplicársele el retiro forzoso previsto en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz por haber cumplido 70 años de edad.

Su nombramiento se dio en el Congreso local el 27 de noviembre de 2015, en sustitución de Onésimo Fernández Campos, por un plazo de 10 años, por lo que el magistrado consideró que su destitución por cumplir 70 años de edad era violatoria a sus derechos.

Tras haber sido destituido por el Congreso local, el pasado 7 de julio, el magistrado recurrió a la ley para hacer valer el amparo con el que cuenta y en el que se establece que no puede ser destituido por cuestión de edad.

Pese a ello, el 5 de agosto del 2020 el pleno del Poder Judicial realizó las adscripciones de los seis magistrados que fueron nombrados por el Congreso local para ocupar igual número de cargos que se consideraron vacantes, entre ellos, el del magistrado Roberto Dorantes Romero.

Ese día se adscribió a María Lilia Viveros Ramírez a la Octava Sala en el espacio que ocupaba Dorantes Romero, motivo por el que se deberán realizar reajustes o, bien, desde el pleno del Poder Judicial, dirigido por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, determinar cuál será el lugar que ocupe la nueva magistrada.

Se debe puntualizar que al haber obtenido por el Congreso local el nombramiento como magistrada María Lilia Viveros Ramírez cuenta con el amparo de la ley para evitar ser removida del cargo y al ser adscrita a una Sala se encuentra protegida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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