Orizaba, Ver.- Denuncian ante Derechos Humanos presuntas malas acciones por parte de la Fiscal especializada de Orizaba y del Procurador del DIF de la ciudad por uso indebido de sus funciones, respecto a la guardia y custodia de una menor de 2 meses y 7 días, misma que permanecía bajo el resguardo del DIF en la casa hogar La Esperanza.
Mediante entrevista telefónica, el abogado Nahúm Sánchez Hernández, defensor de la mamá de la menor, expresó que desde el 06 de mayo su clienta fue sacada de su casa por un caso de violencia familiar por parte de su esposo William “N”, la señora identificada como MDEC, dejó a su hija en el domicilio que compartía con su cónyuge en Río Blanco.
Dijo que al día siguiente le llegó una notificación del DIF de Orizaba a casa de sus padres, donde fue a resguardarse. Cabe señalar que esta pareja no es originaria de la ciudad de "las aguas alegres".
Fue hasta el 20 de mayo cuando la menor en compañía de su padre y abuela paterna, fueron detenidos rumbo a Vicente Guerrero, ya que días antes la madre en compañía del abogado Nahúm Sánchez, interpusieron demanda en contra de William “N” por sustracción de menor y violencia familiar.
En la fiscalía se le notifica al padre de la menor que debe de entregarla a la madre ya que esta se encuentra en la etapa de lactancia, ese día el abogado del padre presentó un acta de nacimiento, donde se pone él como padre soltero. Se le pidió una prueba de ADN la cual no llevaba y se reservó su declaración
La menor quedó bajo la guardia y custodia del DIF y esta fue llevada al albergue “La Esperanza” mientras la madre acredita que era su hija, en este sentido, el abogado y la señora presentaron un documento al procurador de Río Blanco quien informó haber sido engañado ya que la menor fue registrada allí.
Sánchez Hernández, dijo que fue hasta el 22 de mayo cuando a la madre se le permite darle pecho a su hija; el primero de junio el procurador del DIF Alfredo Luna Toral mandó a la fiscalía un documento donde solicita que se termine el resguardo de la menor por parte de ellos y que esta sea dada a la abuela paterna, ya que según estudios realizados a la tía de la menor, su abuela y su papá están aptos psicológicamente para cuidar de la bebé.
“No es posible que en un día le hiciera exámenes a tres personas y a mi clienta una semana con los mismos para que ella pudiera alimentar a su hija que está en la etapa de lactancia, nos habla el asesor jurídico uno del DIF de Orizaba y se mencionó una presunta amistad con el abogado del padre de la menor y el procurador”.
Al momento de solicitarle a la fiscal primera especializada, María Isabel Cruz, la copia del caso, esta le negó al abogado de la madre una copia y luego de una “pelea” que llegó hasta Xalapa, le fue entregado dicho documento donde constó hacían falta resultados que su clienta se había realizado como los exámenes médicos y psicológicos.
“Es un delito porque no tenían que soltar a la menor cuando la fiscalía tiene más autoridad que el DIF, estos no tenían la autoridad para dar a la menor, ellos son medio de resguardo”.
El día de hoy, el abogado y la señora identificada con la ficha UVM-28 y con la carpeta de investigación 323/2020 llegaron a las oficias de Derechos Humanos a interponer la queja a los funcionarios y será el día viernes cuando se acuda a Xalapa para poner la demanda y queja ante la Fiscalía Especializada Contra Servidores Públicos.
Cabe señalar que la menor de 2 meses y 7 días está bajo el resguardo de su padre y su familia.
