/ domingo 14 de marzo de 2021

Franco: de pechito

El exdirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, resultó ser un pésimo alumno del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues parece no haberle aprendido nada al maquiavélico exmandatario panista que lo hizo secretario de Gobierno en su administración.

Franco, por ejemplo, olvidó que en política no se puede pecar de ingenuo, cándido o inocente y que tampoco se debe subestimar a los adversarios, máxime si éstos están en la plenitud del poder y buscan aferrarse a él a costa de lo que sea.

El exfuncionario yunista, quien este sábado 13 fue detenido en el puerto de Tuxpan, su terruño y feudo electoral, desatendió las alarmas que a nivel nacional han alertado sobre la cacería que Morena ha desatado desde el gobierno federal y de algunas entidades contra operadores políticos y gobernantes de la oposición. Los casos más recientes son los del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el exlíder del partido tricolor en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; los dos primeros investigados por presunto lavado de dinero, mientras que el llamado “Príncipe de la Basura” es perseguido por asociación delictuosa y trata de personas, en las modalidades de publicidad engañosa y explotación sexual agravada, en grado de tentativa.

Franco, quien en la sucesión estatal de 2016 fue un factor clave para que por primera vez en el estado se diera la alternancia en el poder al pactar la alianza del PRD con el PAN que llevó a Yunes Linares a la gubernatura, era actualmente el principal promotor de la coalición “Va por Veracruz” que conforman el partido del sol azteca, Acción Nacional y el PRI. Inclusive encabezaba la lista plurinominal perredista como candidato a diputado local por el principio de Representación Proporcional.


Pero al exsecretario de Gobierno se le olvidaron las denuncias que su exesposa Guillermina Alvarado González, una abogada egresada de la Universidad Veracruzana y exlideresa perredista en el municipio de Lerdo de Tejada, hizo públicas desde 2017 por violencia intrafamiliar, a las que obviamente no se les dio trámite en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la pasada administración.


Ahora la FGE, encabezada por Verónica Hernández Giadáns –exdirectora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, la cual sustituyó desde septiembre de 2019 al fiscal yunista Jorge Winckler, quien inicialmente fue separado de manera temporal por los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso local–, ejecutó contra el extitular de la SEGOB una orden de aprehensión derivada casualmente de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 del índice de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.


Correligionarios y amigos de Franco acusan que todo se trata de una artimaña política de los gobernantes de Morena en contra de su adversario, pero las imágenes del rostro golpeado de su exesposa obligan a dirimir si existe delito que perseguir.



El exdirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, resultó ser un pésimo alumno del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues parece no haberle aprendido nada al maquiavélico exmandatario panista que lo hizo secretario de Gobierno en su administración.

Franco, por ejemplo, olvidó que en política no se puede pecar de ingenuo, cándido o inocente y que tampoco se debe subestimar a los adversarios, máxime si éstos están en la plenitud del poder y buscan aferrarse a él a costa de lo que sea.

El exfuncionario yunista, quien este sábado 13 fue detenido en el puerto de Tuxpan, su terruño y feudo electoral, desatendió las alarmas que a nivel nacional han alertado sobre la cacería que Morena ha desatado desde el gobierno federal y de algunas entidades contra operadores políticos y gobernantes de la oposición. Los casos más recientes son los del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el exlíder del partido tricolor en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; los dos primeros investigados por presunto lavado de dinero, mientras que el llamado “Príncipe de la Basura” es perseguido por asociación delictuosa y trata de personas, en las modalidades de publicidad engañosa y explotación sexual agravada, en grado de tentativa.

Franco, quien en la sucesión estatal de 2016 fue un factor clave para que por primera vez en el estado se diera la alternancia en el poder al pactar la alianza del PRD con el PAN que llevó a Yunes Linares a la gubernatura, era actualmente el principal promotor de la coalición “Va por Veracruz” que conforman el partido del sol azteca, Acción Nacional y el PRI. Inclusive encabezaba la lista plurinominal perredista como candidato a diputado local por el principio de Representación Proporcional.


Pero al exsecretario de Gobierno se le olvidaron las denuncias que su exesposa Guillermina Alvarado González, una abogada egresada de la Universidad Veracruzana y exlideresa perredista en el municipio de Lerdo de Tejada, hizo públicas desde 2017 por violencia intrafamiliar, a las que obviamente no se les dio trámite en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la pasada administración.


Ahora la FGE, encabezada por Verónica Hernández Giadáns –exdirectora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, la cual sustituyó desde septiembre de 2019 al fiscal yunista Jorge Winckler, quien inicialmente fue separado de manera temporal por los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso local–, ejecutó contra el extitular de la SEGOB una orden de aprehensión derivada casualmente de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 del índice de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.


Correligionarios y amigos de Franco acusan que todo se trata de una artimaña política de los gobernantes de Morena en contra de su adversario, pero las imágenes del rostro golpeado de su exesposa obligan a dirimir si existe delito que perseguir.



ÚLTIMASCOLUMNAS