Es urgente una reforma integral al Código de Comercio donde se proteja a los usuarios dado que actualmente se permite la usura en México por parte de las instituciones de crédito, al ser una ley que data de la época de Porfirio Díaz, a la que solo se han realizado enmiendas, y que no está acorde con los Derechos Humanos afirma la representante legal de Barzón Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vázquez.
Al dar a conocer el caso de Luis, una persona que es víctima de usura por parte de la empresa Autofinanciamiento México SA de CV, explica que solicitó un crédito de 270 mil pesos en 2004 para poder pagar el enganche su casa, y actualmente está sentenciado a pagar 2 millones 360 mil de pesos por un juez de la ciudad de México y por lo que han recurrido a tribunales de amparo.
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Sin embargo, señala que hay un criterio jurisprudencial, el 28/2017 que está generando que los jueces evadan su responsabilidad de poder revisar las tasas de interés que aplican todos aquellos otorgantes de crédito, en este caso Autofin México.
“Estamos además denunciando la falta de leyes para poder enjuiciar a los usuarios de servicios financieros o a las personas en situación de deuda porque tenemos un Código de Comercio que fue elaborado en tiempos de Porfirio Díaz que ha sufrido solo enmiendas, pero que hoy no es una ley que esté acorde con el tema de derechos humanos y está permitiendo que las personas sean afectadas de usura por parte de instituciones de crédito; vivimos una situación económica de crisis seria en la que exigimos contar con esa tutela por parte de las autoridades”.
¿Qué casos de usura se han presentado en México?
Luis explicó que el crédito que solicitó fue de casi 270 mil pesos para adquirir su casa en el 2004, pero se fue atrasando después de tres años que fue pagando puntualmente, hasta quedar en insolvencia, por lo que Autofin le demandó el pago del adeudo ante un juez y pese a que contrató un abogado, no tuvo el apoyo esperado y la sentencia fue de pagar el capital más los intereses moratorios que dio una cantidad de 980 mil pesos. Pero en la misma sentencia le demandó pagar una cláusula que venía en el contrato y que llaman “factor de actualización” moratorio que hizo una deuda total como condena de 2 millones 360 mil pesos.
“La sentencia se dio en 2014 dejé de pagar como siete años, el proceso que llevó el abogado nunca hizo un trabajo profesional y por eso también vino esa sentencia, (…) la falta de profesionalismo nos llevó a que no supiéramos nuestra situación y resultado que después de cierto tiempo el abogado nos informa que ya nos iban a desalojar en enero de 2018, ya habíamos perdido el caso y que nos iban a desalojar, nosotros sin saber, lo que nos causó estrés y ante esa situación recurrimos al Barzón, vio nuestro caso y afortunadamente lo tomaron en sus manos buscando negociar”, narra Luis.
Carbajal Vázquez señala que pareciera que hay una consigna por parte de la SCJN debido a esta ley que es obsoleta, priva de garantías judiciales a las personas en situación de deuda y los ha colocado contra la pared.
“Realmente nos encontramos de rodillas para poder negociar con los acreedores por virtud de un retroceso que existe en la asimilación, adopción o adecuación del derecho interno a la norma internacional, México ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos que habla de que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre y esa usura debe erradicarse de nuestro país”.
Ante ello, acusa que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no está haciendo nada cuando es la institución encargada de regular las prácticas abusivas de las comercializadoras y quienes estén otorgando créditos.
“Y a los legisladores un llamado urgente para que tomen cartas en el asunto y actúen ante la modificación de este Código de Comercio con el que actualmente se está juzgando a las personas en situación de deuda y que desafortunadamente ya no tiene ninguna eficacia, ninguna aplicación en tiempo en que debiéramos estar hablando de derechos humanos y de la máxima protección a las personas por mandato constitucional”.
Nota publicada en Diario de Xalapa
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